El gobierno contra los ciudadanos digitales
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de economía sostenible y de anunciar que lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Todavía habrá que agradecerles que no lo aprueben por la vía rápida mediante un Decreto-Ley. Han transcurrido tres meses y medio después de que el lobby internacional del copyright introdujese, en un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que nada tenía que ver con la propiedad intelectual, una ominosa Disposición Final Primera destinada a cerrar impunemente páginas web sin intervención judicial. En el camino queda una fuerte movilización en internet, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, las críticas de varios de los organismos pertinentes consultados sobre la misma y unas pequeñas modificaciones cosméticas en el texto que no varían en absoluto el alcance y espíritu de las medidas.
En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.
La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.
El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.
Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.
La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.
Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.
Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.
1 comentario:
No estoy en absoluto de acuerdo con tu reflexión. En primer lugar, aclaremos un poco el tema de la ley. Es cierto que me desagrada tanto como al que más que hayan tratado de colarla casi de tapadillo en una ley general de economía sostenible. Probablemente habría sido más inteligente y menos problemático realizar una modificación de la ley de propiedad intelectual antes, pero esto no alude al fondo de la cuestión.
No conviene perder de vista que al final de todo esto hay una serie de gente que crea y otra que consume. Que sean los consumidores los que pretendan establecer las estrategias de mercado de las empresas no me parece razonable. Evidentemente, si como empresa quiero sobrevivir tendré que adaptarme y buscar nuevas estrategias, pero entretanto me parece razonable que la ley proteja mis productos, mis ideas, mi medio de vida.
Es más que evidente que la velocidad de internet es muy superior a la de las actuales estructuras judiciales. Parece lógico, pues, que para proteger tales derechos se creen estructuras más ágiles, en tanto en cuanto mantengan garantías judiciales. La ley establece una comisión formada por miembros de las entidades de gestión y de los usuarios de forma, creo, equilibrada. La composición completa es lógico que se desarrolle en un reglamento, que también debe ser aprobado en cortes. Dicha comisión tendrá dos secciones: una primera de arbitraje en tanto en cuanto se sometan las partes a tal arbitraje, con decisión vinculante. Eso sí, sin perjuicio de que las partes puedan recurrir por la vía de lo contencioso administrativo. Es decir, que se podrá acudir al proceso judicial. La segunda sección es la que se encargará de ejecutar las decisiones que se tomen, previa autorización judicial. Desde mi punto de vista, aquí nadie pretende censurar ni controlar internet. Entre otras cosas, cada vez resulta más incontrolable. Por otro lado, en la ley se habla claramente del cierre de aquellas páginas que se lucran de forma directa o indirecta a través del ofrecimiento de productos de cuyos derechos carecen.
De lo que no se habla es del fondo de la cuestión: aquí se ha acostumbrado todo cristo viviente a meterse en internet y bajarse una peli o una serie sin pagar un duro a nadie, y nadie quiere perder eso ni que se le llame delincuente por hacerlo. Y ese es el problema. Porque socialmente el público se ha arrogado el derecho de disfrutar del fruto del trabajo de otra gente por el morro. Y vale que esa gente tendrá que espabilar y encontrar nuevas formas para mantener su negocio, pero eso es un problema de la industria, no del consumidor. Lo que ya huele es que aquí todo el mundo se alce en defensa de una, a mi modo de ver, extraña defensa de la libertad de expresión sin tener en cuenta que esa supuesta libertad la pagan otros. Y que se identifique a este intento de proteger los derechos, repito, derechos (estos sí, y claramente definidos) de propiedad intelectual con una especie de protofascismo de tintes orwelianos me resulta cada vez más difícil de digerir. ¿De veras crees que esto conduce a la autocensura? Me parece, como poco, exagerado.
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